Desplazamiento Forzado

Es desplazada toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones:

conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores

que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”. Artículo 1º de la ley 387 de 1997.

Introducción

El objetivo del presente documento es ilustrar la situación reciente del desplazamiento forzado y los avances en la política de prevención y atención de la población desplazada en Colombia, a través del desarrollo de cuatro secciones. La primera, describe la evolución del desplazamiento con base en la información oficial de Gobierno; la segunda, expone los avances de la Política de Prevención y Atención Integral a la Población Desplazada; la tercera, muestra la situación actual de la oferta institucional para esta población, y la última, presenta los retos a futuro que enfrenta el Estado Colombiano para superar el fenómeno del desplazamiento y reparar integralmente a las víctimas de este delito.

1. Evolución del Desplazamiento Forzado en Colombia

De acuerdo con el Registro Único de Población Desplazada (RUPD)1, en Colombia 754.539 hogares (3.316.862 personas), han sido expulsados de 1.109 municipios y corregimientos departamentales2, como consecuencia de las circunstancias descritas en el artículo primero de la Ley 387/97; es decir, que el 7,3% de la población colombiana se ha reconocido como desplazada forzadamente. Durante este período, la tendencia del registro de desplazamiento presenta dos momentos de expansión y dos de descenso. El primero, inicia en el año 1998 con el registro de 13.049 hogares expulsadoss y termina en 2002 con 94.498, mostrando así un incremento total del 624%. Posteriormente, con el registro de 56.046 hogares expulsados en 2004, se evidencia una reducción del 41% con respecto al 2002. A partir de 2005 nuevamente se aprecia un comportamiento ascendente que se extiende hasta 2007 cuando se registraron 79.802 hogares, lo cual representa un aumento del 42% con respecto a la situación de 2004. Finalmente en 2008 y 2009, se vuelven a presentar reducciones del 8% y 63% respectivamente, no obstante, teniendo en cuenta los rezagos entre el hecho de desplazamiento y la declaración de los hechos, es probable que el registro del número de hogares expulsados en estos años cambie. Un hecho relevante en la dinámica reciente del desplazamiento es la disminución sostenida de personas expulsadas en eventos masivos3. Los años 2000, 2001 y 2002 fueron los más críticos de este tipo de expulsión, situación que coincide con el elevado nivel de actividad de las guerrillas de las FARC, el ELN y los grupos de autodefensas. Después del año 2002, el número de personas desplazadas masivamente ha venido disminuyendo paulatinamente hasta alcanzar una reducción del 93% en 2009.

Entre 1998 y 2002 la expulsión masiva de personas se concentró en los departamentos de Antioquia (98.212 personas), Chocó (41.577 personas), Magdalena (41.590 personas), Bolívar (35.542 personas) y Córdoba (17.852 personas), mientras que en el período 2003 – 2009 se concentró en los departamentos de Nariño (38.971), Antioquia (28.278), Chocó (24.824), Valle del

Cauca (20.634) y Caldas (13.648). En contraste con la tendencia del desplazamiento masivo, el de carácter individual tiende a aumentar. Entre los años 1998 y 2002 este tipo de desplazamiento tiene un crecimiento de 547%; entre 2002 y 2003 disminuye en 42%, mientras que entre 2003 y 2008 vuelve a aumentar en 45%. Para 2009, vuelve a presentar una disminución correspondiente al 63%. En total, 2.692.742 han sido incluidas individualmente como desplazadas en el registro, esto quiere decir que el 81% de la población desplazada registrada en el RUPD ha declarado individualmente. Los departamentos más expulsores en esta modalidad fueron Antioquia (387.855), Bolívar (236.618), Magdalena (205.305), Cesar (160.245), Caquetá (150.354), Tolima (149.524) y Putumayo (124.327). En general, los departamentos que han registrado mayor número de personas expulsadas son en su orden, Antioquia (555.175), Bolívar (278.101), Magdalena (248.597), Chocó (188.259), Cesar (169.430), Caquetá (159.337) y Tolima (156.073). Estos departamentos concentraron el 53% del desplazamiento en el país. Si bien en el año 2002 el desplazamiento fue intenso en toda la geografía colombiana, en los últimos tres años se ha trasladado a las zonas periféricas y de frontera con una alta presencia de cultivos ilícitos. Durante el primer período de incremento del desplazamiento (1998- 2002) el país observaba la expansión del proyecto político de las FARC, el desdoblamiento de sus frentes y el aumento de su actividad delincuencial e influencia en el sector rural.

A su vez, las autodefensas ilegales consolidaban su presencia a través de masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas y otras acciones intimidatorias que buscaban imponer un control social sobre poblaciones de influencia guerrillera y ubicadas en zonas de cultivos ilícitos y corredores estratégicos, particularmente en el norte, centro y oriente del país.

Frente a esta situación, se puso en marcha la Política de Seguridad Democrática (PDSD) como línea rectora de todas las actividades concernientes a la seguridad y la defensa nacional: “Gracias a la ejecución de esta política, el país ha tenido cambios en dos aspectos fundamentales.

Por una parte, se materializó la recuperación efectiva de entes territoriales, que por años estuvieron bajo la influencia de los grupos armados irregulares. Por otra, y como consecuencia de la creciente presencia institucional, se recuperó y afianzó la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en la capacidad del Estado de garantizar su seguridad y el respeto a sus derechos humanos”4.

Los cambios se evidencian principalmente en la reducción de homicidios, secuestros y en la desmovilización colectiva e individual tanto de grupos de autodefensas ilegales como de guerrilla, lo que a la postre dio lugar a una disminución en el número de personas expulsadas. A pesar de estos avances, entre los años 2005 y 2007 se registra un nuevo incremento del desplazamiento, situación que puede responder a amenazas que aún no se han superado y requieren de una permanente atención del Estado, tales como la aparición de bandas criminales al servicio del narcotráfico y en disputa con las guerrillas por el control de cultivos ilícitos, el incremento del uso de minas antipersonal por parte de las guerrillas como estrategia de confrontación y la ocurrencia de amenazas, desapariciones forzadas y reclutamientos forzados generados por estos grupos.

No obstante lo anterior, existen factores marginales a la situación de confrontación armada interna que han incidido en el incremento del número de personas registradas como desplazadas. Sin lugar a dudas, El principal factor que influye en el desplazamiento forzado en Colombia es la disputa y actividad de grupos armados ilegales, los cuales afectan de manera directa los derechos a la vida, libertad e integridad de las personas. Sin embargo, a través de un análisis realizado por Acción Social, se pudo identificar la existencia de factores distintos a los estipulados en el artículo 1° de la ley 387 de 1997, que inciden en las cifras reportadas por RUPD.

Entre ellos se encuentra la evolución de los sistemas de información y procedimientos de inscripción, inclusión, valoración y caracterización de la población en situación de desplazamiento; los cambios jurisprudenciales respecto al desplazamiento forzado; la evolución de la oferta institucional para la atención a la población desplazada, cuya ampliación y oportunidad, genera incentivos para que personas que no tienen la condición real de desplazado, busquen hacer parte de este registro, así como algunos casos de fraude para apropiarse indebidamente de recursos del Estado.

2. Política de Prevención y Atención Integral a la Población Desplazada

(Desplazamiento Forzado)

Además de la expedición de la ley 387 de 1997, el Gobierno Nacional ha desarrollado una serie de instrumentos de política estatal para hacer frente a la problemática del desplazamiento, los cuales se materializan con la emisión de varios decretos, entre ellos, el 250 de 2005, actual Plan Nacional de Atención Integral a la población Desplazada.

Para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población en situación de desplazamiento forzado y dar cumplimiento a la sentencia T-025 de 2004 y los Autos subsiguientes de la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional ha adelantado acciones tendientes a fortalecer la capacidad del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada –SNAIPD- con el fin de articular e integrar todos los esfuerzos del Estado bajo los principios de economía, eficacia y eficiencia con miras a una atención oportuna de la población desplazada.

Por lo anterior, para superar el Estado de Cosas Inconstitucional y garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, se ha venido ajustando la política pública en los componentes de prevención y protección; atención integral; verdad, justicia y reparación, y retorno o reubicación de las personas desplazadas, los cuales responden a cuatro ejes transversales de capacidad institucional y sistemas de información, enfoque diferencial, participación, y articulación territorial. A continuación se señalan los principales avances recientes en la reformulación, complementación o ajuste de los componentes antes señalados:

Complementación de la Política de Prevención y Protección

Se unificó el concepto de prevención y se definieron tres momentos para prevenir el desplazamiento o para mitigar sus efectos. (i) Prevención Temprana, (ii) Prevención Urgente, y (iii) Garantías de No Repetición.

Dichos momentos responden a seis lineamientos que orientan esta política, (a) Cultura de respeto de los DDHH y DIH, (b) Goce Efectivo de Derechos, (c) Articulación Nación Territorio, (d) Enfoque diferencial, (e) Protección de bienes y personas y (f) Articulación de los sistemas de información. La implementación de esta política se realiza en el marco de los Comités Territoriales de Atención Integral a la Población Desplazada -CTAIPD- y mediante los siguientes instrumentos: Plan de Prevención, Plan Integral Único, Plan de Acción Departamental en DDHH y DIH, Plan Nacional de Consolidación Territorial, Política de Defensa y Seguridad, Sistema de Alertas Tempranas, y la ruta de protección para personas y bienes patrimoniales.

Ajuste a la Política de Atención Integral

Atención Humanitaria: Se definieron los siguientes lineamientos: (i) Garantizar mínimo de subsistencia, (ii) complementariedad y subsidiaridad, (iii) enfoque diferencial – rutas diferenciadas, (iv) transición al sistema de protección social del Estado. Para aplicar estos lineamientos se identificaron tres momentos específicos en la Atención Humanitaria (Urgencia, Emergencia y Transición al Sistema de Protección Social del Estado) que funcionarán bajo los principios de Correspondencia y Temporalidad.

 Atención Integral Básica: Hace referencia a la garantía de los derechos a la salud, educación, alimentación e identificación, con avances significativos en acceso a educación (77.8% de la población) y salud (83%). La alimentación se garantiza en tanto se produce la transición al sistema de protección social del Estado, y en lo que respecta a los retornos o reubicaciones rurales a través de proyectos de autoconsumo.

Vivienda: Esta política se desarrolla en dos fases. La primera es un plan de choque para la articulación de los SFV asignados con los Macroproyectos de Interés Social Nacional, la integración transitoria de las ventanillas de vivienda urbana y rural, el aumento y flexibilización del Subsidio de Vivienda, la implementación de un proyecto piloto, y la Identificación y fortalecimiento de los procesos para generación

de oferta. La segunda fase, se desarrollara bajo cuatro estrategias: (i) Esquema institucional para la implementación, seguimiento y evaluación de la política, (ii) Articulación de la PVPD con la política pública de atención integral a la población desplazada, (iii) Instrumentos para otorgar una vivienda digna y un hábitat saludable y (iv) Mecanismos de eliminación de barreras de acceso, costos de transacción y trámites asociados con la vivienda.

Tierras: Se diseñaron 7 ejes estratégicos, cinco de ellos centrales: (i) Restitución, (ii) Prevención (iii) Protección, (iv) Mecanismos transicionales de reparación a víctimas tenedores y (v) Formalización; y dos transversales: (i) Sistemas de información y (ii) adecuación de capacidad institucional.

Generación de Ingresos: Para desarrollar e incrementar el potencial productivo de la población en situación de pobreza extrema y desplazamiento, aprovechando sus capacidades y creando las oportunidades para que los diferentes grupos que la componen, puedan acceder y acumular activos, se diseñaron 5 componentes: (i) desarrollo de capacidades, (ii) Acceso a activos, (iii) Desarrollo territorial incluyente, (iv) marco institucional adecuado, y (v) el sistema de protección social fortalecido. El 28 de Septiembre de 2009 se aprobó el CONPES No. 3616 de Generación de Ingresos para población Pobre Extrema y desplazada.

Retornos y Reubicaciones: Las anteriores políticas sectoriales se desarrollan en el marco de los retornos y reubicaciones, los cuales se realizan con base en el Protocolo de Retornos y los principios de Voluntad, Seguridad y Dignidad. El proceso de retorno como cimiento del restablecimiento de la población desplazada contempla los siguientes componentes: Habitabilidad, Tierras, Salud, Educación y uso del tiempo libre, Vías y Comunicaciones, Acceso de la Población al Aparato Judicial, Servicios Básicos, Seguridad Alimentaria, Ingresos y Trabajo, Acompañamiento Humanitario, Programas Dirigidos a Niños, Niñas y Adolescentes, Adultos Mayores, mujeres y población discapacitada, Organización Social y Atención Psicosocial. En la actualidad, en el marco de la estrategia de Retornar es Vivir se priorizaron en una primera fase, 28 retornos, en 204 veredas, donde 8.357 hogares (36.053 personas) están siendo acompañadas integralmente por el Estado en su proceso de restablecimiento; en una segunda fase, que se desarrollará durante 2010, se priorizaron 86 retornos de 21.480 hogares (85.476 personas) Adicionalmente, se inició el acompañamiento del Estado para propiciar el retorno o reubicacion de la población víctima de las masacres de Pueblo Bello, Ituango y Mapiripán, en cumplimiento a las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Verdad, Justicia y Reparación Integral

Los lineamientos de esta política se desarrollan a través del plan nacional de reparación integral para la población en situación de desplazamiento, bajo cuatro ejes estratégicos (i) Derecho a la verdad (judicial e histórica), (ii) derecho a la justicia, (iii) derecho a la reparación y (iv) garantías de no repetición, los cuales están orientados de acuerdo con seis ejes transversales (enfoque diferencial, coordinación interinstitucional – territorial, atención psicosocial, gestión de la información, rendición de cuentas y participación).

Ejes Transversales de la Política

Las políticas públicas contempladas en este documento, incorporan los temas de enfoque diferencial, participación, capacidad institucional y articulación territorial como ejes transversales a las propuestas que se realizan en materia de prevención, atención y estabilización de la población. A continuación se describe cada uno de estos:

Enfoque Diferencial: Las políticas públicas generales tienen como parte de sus lineamientos el enfoque diferencial teniendo en cuenta las causas y los efectos de las violaciones de derechos humanos basadas en la condición de género, pertenencia étnica, edad y discapacidad, con el fin de brindar un trato diferenciado según la condición de las personas. Adicionalmente este enfoque se desarrolla en su especificidad en cada uno de los programas pilotos y planes ordenados en los Autos diferenciales (Mujeres: 092 y 237 de 2008; Niños, Niñas y Adolescentes: 251 de 2008, Indígenas y Afrocolombianos: 004 y 005 de 2009, personas en situación de discapacidad: 006 de 2009.

Participación: Se diseñó el protocolo de participación que establece los criterios y mecanismos para garantizar la participación efectiva de la Población Desplazada. Para garantizar el componente de participación en el ajuste, reformulación o complementación de las políticas públicas, se efectuaron 6 talleres regionales con 254 representantes de organizaciones de población desplazadas, 159 funcionarios de entidades territoriales, y 59 funcionarios del orden nacional, con el fin de obtener retroalimentación frente a la propuesta de lineamientos presentada por el Gobierno Nacional el 30 de junio de 2009.

Capacidad Institucional: Se elaboró un Diagnóstico con siete lineamientos: (i) diagnóstico de la capacidad institucional para responder a los ajustes y modificaciones de la política pública sobre desplazamiento forzado, (ii) atención e información clara y oportuna a la población desplazada (iii) mecanismos de articulación y armonización entre el nivel nacional y el nivel territorial (iv) recursos, (v) capacitación y sensibilización, (vi) participación y (vii) sistemas de evaluación, monitoreo y seguimiento. Acción Social diseñó una herramienta técnica con el fin de levantar un diagnóstico en cada una de las entidades del Sistema donde podrá recolectar en diez módulos, (i) información general de la entidad, (ii) desempeño de las entidades del SNAIPD en la gestión de los servicios que prestan a la población desplazada, (iii) recursos con que cuenta la entidad para atender a la población desplazada, (iv) procesos y procedimientos establecidos en la entidad para atender a la población desplazada, (v) sistemas de información y comunicación con que cuenta la entidad para atender a la población desplazada, (vi) mecanismos e instancias de coordinación interinstitucional con que cuenta la entidad para atender a la población desplazada, (vii) planes y programas de la entidad dirigidos a la atención a la población desplazada, (viii) informes que presenta la entidad sobre los resultados de la atención a la población desplazada, (ix) Acciones, peticiones, quejas y reclamos que recibe la entidad de la población desplazada, (x) Participación de las organizaciones de la población desplazada. Actualmente se está ensayando el instrumento para iniciar la aplicación progresiva en 28 entidades.

Articulación Territorial: De acuerdo con lo señalado en la ley 1190 de 2008 y el decreto reglamentario 1997 de 2009, se definieron las competencias en materia de coordinación entre Acción Social, Ministerio del Interior y de Justicia - MIJ y Departamento Nacional de Planeación para asegurar que los entes territoriales adopten las medidas necesarias en términos presupuestales y de capacidad institucional para la atención a la población desplazada, lo cual se verá reflejado en los Planes Integrales Únicos y los planes de desarrollo. Actualmente el MIJ está desarrollando en una primera fase de articulación cuatro líneas de acción: (i) divulgación (ii) asistencia técnica, (iii) seguimiento y (iv) capacitación.

3. Avances en la Atención Integral a la Población Desplazada

El Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada –SNAIPD-, coordinado por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – ACCIÓN SOCIAL, ha realizado evidentes esfuerzos por ampliar los rubros presupuestales para la atención de la población en situación de desplazamiento o en graves condiciones de vulnerabilidad.

Entre los años 1999 y 2002, las entidades que hacen parte del SNAIPD invirtieron 532.410 millones de pesos para la atención a población en situación de desplazamiento. Posteriormente entre 2003 y 2006, este rubro ascendió a 1.9 billones de pesos y entre los años 2007 y 2010 se tiene un presupuesto que asciende a 5.2 billones de pesos. Adicionalmente, Acción Social ha vinculado en proyectos de seguridad alimentaria a 816.886 familias en riesgo de desplazamiento; ha dado apoyo a 101.987 familias en el desarrollo de proyectos individuales y asociativos de generación de ingresos; promovido la participación de 31.231 niños y jóvenes en programas de formación musical en Centros de Orquesta Batuta; protegido más de 3.4 millones de hectáreas en 855 municipios de los 32 departamentos del país; a través del Programa de Atención a Víctimas de la Violencia, ha entregado un total de $559.034 millones a 77.495 familias que corresponden a $530.241 millones – 40.123 familias que han recibido ayudas equivalentes a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) y un total de $28.793 millones – 37.372 familias que han recibido ayudas equivalentes a 2 salarios mínimos mensuales vigentes (smmlv) y que han perdido seres queridos en actos terroristas y a personas que han sufrido incapacidad permanente. Ha vinculado a 341.759 familias desplazadas en el programa Familias en Acción. En vivienda, se han asignado 84.562 subsidios urbanos y 17.309 para vivienda rural entre 2002 y 2009. Por último, se destaca el inicio del acompañamiento social permanente a 1.039.381 hogares en el marco de la estrategia Juntos.

Con el tiempo, estos programas han ampliado su presupuesto y cobertura. En el siguiente cuadro se muestran aquellos que registran mayor cobertura a nivel municipal. De otro lado, cabe destacar que se presenta una tendencia ascendente tanto en la vinculación de la población en situación de desplazamiento al Régimen Subsidiado de Salud como en la ampliación al acceso a educación. Esta breve descripción del aumento de la oferta institucional y presupuestal en territorio nacional suscita diferentes reflexiones. En primera instancia, el robustecimiento de los rubros para los Programas que apuntan de manera frontal a dignificar las condiciones de vida de la población en situación de desplazamiento o en extrema vulnerabilidad, tiene un efecto positivo sobre la misma. El principal reto es aumentar el impacto de estos recursos presupuestales adicionales Por otro lado, la ampliación en la vinculación de estas poblaciones a los servicios de salud y/o educación, permite entrever el evidente interés del Gobierno Nacional por brindar una atención integral a las personas y hogares que han sido víctimas del delito de desplazamiento forzado. Estas acciones desarrolladas por la entidad significan en gran medida el restablecimiento de los derechos vulnerados a los cuales se ve enfrentada la población.

4. Retos a Futuro

Para eliminar el desplazamiento Forzado en Colombia consolidando su tendencia decreciente en el largo plazo, y a su vez, lograr en el mediano plazo una reducción sustancial de la ocurrencia de desplazamientos forzados por año, es fundamental continuar con el fortalecimiento de las instituciones civiles en todo el territorio nacional, la recuperación de la confianza de la población en el Estado. Para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, se han identificado los siguientes retos:

• Teniendo en cuenta que aún persisten amenazas contra la vida, integridad y libertad de las personas, derivada de la actuación de bandas criminales al servicio del narcotráfico y de guerrillas, el Estado aún tiene el reto de desarticular a todos los grupos armados ilegales y lograr que el territorio colombiano quede libre de cultivos ilícitos, ya que estos constituyen el principal motor de la confrontación armada.

En este sentido, es fundamental el fortalecimiento de la estrategia de recuperación social del territorio, liderada por el Centro de Coordinación de Acción Integral –, con el fin de establecer las bases para la gobernabilidad local, lograr un acompañamiento social y productivo oportuno y fortalecer los procesos de judicialización y condena de los responsables del delito de desplazamiento y sus causas.

• El Estado se enfrenta al reto de fortalecer la capacidad institucional para la atención de la población en situación de desplazamiento, de tal forma que sea posible involucrar, articular y focalizar conjuntamente los recursos y esfuerzos de las entidades del nivel nacional y territorial, garantizando la participación de la población afectada. Así mismo, se plantea un gran desafío para fortalecer las acciones encaminadas a la prevención del desplazamiento forzado por la violencia con plena participación y compromiso de las autoridades departamentales y municipales.

• Garantizar un enfoque diferencial en todos los programas de prevención y atención integral del desplazamiento para que contemplen en su diseño e implementación las necesidades particulares de los diferentes grupos poblacionales de especial atención como son las mujeres, los niños, los grupos indígenas y afrocolombianos y las personas desplazadas en situación de discapacidad.

• Fortalecimiento de la estrategia de la Red Juntos en zonas priorizadas por nivel de riesgo de desplazamiento forzado con el fin de garantizar la atención integral a los hogares desplazados. En particular, se deberá dar prioridad a la lograr la implementación de la política de tierras en sus líneas de restitución, protección de tierras, prevención del despojo y formalización.

• Por último, adelantar la reparación integral a los hogares desplazados como víctimas incluyendo la restitución de sus derechos, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición; con especial atención al acompañamiento de retornos con efecto reparador logrando que toda persona que fue expulsada de su territorio de origen, tenga la posibilidad de volver en condiciones dignas y ser reparado integralmente.

Fuente: RUPD - Acción Social del Estado

Paginas afines: www.acnur.org/    www.disaster-info.net/desplazados/      www.red.gov.co                                                                                                                                                                                                

La galería de imágenes está vacía.

             ¡ REALICE SU DONACIÓN AQUI !

¡Gracias por realizar su donación a “Fundamujer Colombia Ong.! Su aporte asegura que tengamos la capacidad de continuar trabajando por las mujeres Colombianas, por las madres cabeza de familia, por las mujeres que son maltratadas de alguna manera o por las que buscan la igualdad de genero, la posibilidad de capacitarse y trabajar dignamente por un mejor futuro para ellas sus hijos menores, sus familiares en estado de discapacidad y sus abuelitos. Dirijase en el indice, a la pagina "Usted Tambien Cambia Vidas" y permitanos mostrarle mas formas de realizar sus amables donaciones. Para obtener mas información, contactenos dejando un mensaje en nuestra pagina o tambien encuentrennos en: